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Situación jurídica
En cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000 (antiguo Sistema Penal), la fiscal de conocimiento resolvió la situación jurídica de los sindicados, imponiendo medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, consistente en la prohibición de salir del país y multas de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra de:
Francisco Olmos Fernández Corugedo, (nacionalidad española) ex - gerente de Triple A.
Luis Fernando Arboleda González, ex gerente de Triple A.
Carlos Alberto Ariza Duque, exgerente de Triple A.
Ramón Navarro Pereira, ex gerente de Triple A.
Luis Alberto Nicolella de Caro, ex gerente general de Inassa.
Francisco Javier Malia Baro, (nacionalidad española), ex-gerente general de Inassa.
Germán Sarabia Huyke, gerente de Inassa.
Así mismo, la fiscal de conocimiento impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra otros directivos de nacionalidad española, consistente en caución de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en contra de:
Carlos Roca García, (nacionalidad española) actual gerente Inassa.
Edmundo Rodríguez Sobrino, (nacionalidad española), ex presidente de Inassa.
Alberto Muguiro Eulate (nacionalidad española), actual presidente ejecutivo de Inassa.
En la decisión la fiscal del caso se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Ramón Heraclio Hemer Redondo, gerente actual de Triple A.
Los procesados son investigados por los delitos de:
Concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
Enriquecimiento ilícito de particulares.
En el caso de Luis Fernando Arboleda González, ex gerente de Triple A, se ordenó la prescripción del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
Incautación con fines de extinción de dominio
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de la sociedad Inassa S.A. en la empresa Triple A, S.A, E.S.P, las cuales corresponden al 82% del capital de  esta última. El valor de dichas acciones, según cifras contable de la compañía, ascendería a los doscientos dos mil millones de pesos ($202.000.000.000).
Esta cifra sale del patrimonio reportado en los estados financieros, que fue de doscientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos treinta y siete mil pesos ($246.764´537.000), a diciembre 31 de 2017.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general. Hay más.-      


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